Más de 60.000 personas fueron obligadas, entre 2019 y 2020, a esperar una respuesta de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos como resultado del ‘Protocolo de protección a migrantes’ (conocido por sus siglas en inglés MPP); respuesta que, para la mayoría nunca llegó.
En marzo, tomando por excusa la pandemia, el programa fue suspendido y la frontera cerrada mientras estas personas y sus familias seguían esperando y se exponían a la alta inseguridad reinante en estados como Tamaulipas, declarado precisamente por la Secretaría de Estado de los EE. UU. en nivel 4 en riesgo, el más alto en su clasificación, similar a países en conflicto como Siria y Yemen. Ocho meses más tarde, sigue cerrada.
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El campamento que se estableció en Matamoros, a pocos metros del puente internacional que conecta con Estados Unidos, llegó a tener unos 2.200 solicitantes de asilo. Todos tenían la esperanza de encontrar protección en el vecino del norte tras haber sufrido violencia, extorsión o secuestro en sus países o a lo largo de sus diferentes rutas a través de México.
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Debido a los muros administrativos y burocráticos, a la inseguridad y a la precariedad, cientos de ellos se han ido paulatinamente del campo. La desesperación los ha empujado a buscar otros refugios en la región, a intentar cruzar el río, a regresar a la violencia de la que estaban huyendo o, incluso, a perder la vida. Hoy, cerca de 700 personas siguen esperando en este emplazamiento informal al aire libre la reapertura de la frontera y de los procesos de solicitud de asilo.
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Desde el comienzo del MPP, desde Médicos Sin Fronteras (MSF) hemos prestado atención sanitaria en el campo de Matamoros. Durante el pico de la epidemia de COVID-19, de marzo a junio, proporcionamos 843 consultas médicas y 735 de salud mental. Desde esta posición, hemos sido testigos del impacto de las políticas migratorias y del sufrimiento que estas generan en los solicitantes de asilo y cómo socavan su protección.
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