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19.09.2016

Ocho de las más graves crisis de refugiados y migrantes del mundo

Junio de 2015. Un afgano de 18 años cruza la frontera de Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. La bolsa de dormir y la mochila son las únicas pertenencias que carga. ©Alessandro Penso
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Hoy en la primera reunión de alto nivel de las Naciones Unidas (ONU) sobre refugiados y migrantes los Estados miembro prometieron trabajar “con un enfoque coordinado y humano para hacer frente a los grandes movimientos de refugiados y migrantes" y acordaron la Declaración de Nueva York. La reunión no podía llegar en un mejor momento. 5.749 personas han muerto en las fronteras en todo el mundo solo en los últimos doce meses. Los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) en todo el mundo asisten a cientos de miles de hombres, mujeres y niños que sufren los efectos de unas políticas de asilo y migración cada vez más restrictivas.

Sin embargo, mientras la Declaración de Nueva York parece bien intencionada, su contenido es demasiado vago y carece de un sentido de urgencia para mejorar realmente la vida de migrantes y refugiados. Una declaración que apunta a "resultados concretos en 2018" está desconectada de una voluntad real para lidiar con la crisis mundial de desplazados a la que asistimos hoy. La realidad, como lo atestiguan los equipos de MSF desde México a Camerún pasando por Grecia, es que muchos de los Estados miembro de la ONU que se espera firmen la declaración ya la están contraviniendo con unas políticas de migración y asilo dañinas que aumentan el sufrimiento de millones de migrantes y refugiados.

Por eso, en el día que tienen lugar las reuniones de Nueva York, es importante hacer un baño de realidad. Estos son varios de los contextos donde MSF trabaja con refugiados y migrantes que constituyen algunos de los lugares donde se afrontan situaciones más graves de la actualidad: 

REFUGIADOS SIRIOS EN EL BERM

El 21 de junio, en nombre de la seguridad nacional, Jordania cerró su frontera norte con Siria tras la explosión de un coche bomba dirigido contra una base militar jordana cerca de una zona conocida como ‘el Berm'. El cierre dejó a 75.000 personas, el 80% mujeres y niños, varados en el desierto sin ayuda, con insuficiente acceso al agua y casi sin acceso a comida (A principios de agosto, agencias de la ONU, usando una grúa, realizaron una única entrega de alimentos para un mes). El Berm no es un campo de refugiados en sí sino un asentamiento de personas que huyen de la guerra. No hay actores humanitarios que puedan proporcionar asistencia, lo que se traduce que sus habitantes carecen de servicios humanitarios básicos.

Del 16 de mayo al 21 de junio, MSF pudo acceder a la población atrapada en la franja. Nuestros equipos atendieron a pacientes con enfermedades crónicas y patologías graves y potencialmente mortales como diabetes, enfermedades del corazón, cáncer y anomalías congénitas. Los trabajadores de MSF realizaron 3.501 consultas, atendieron a más de 200 niños desnutridos (10 de ellos con desnutrición severa), a 450 mujeres embarazadas, algunas con embarazos de alto riesgo, y asistieron un parto.

La población está atrapada en una franja de tierra inhóspita, donde siguen siendo vulnerables a la violencia en Siria y carecen de ayuda humanitaria adecuada. La protección, así como las necesidades humanitarias y legales de los refugiados deben ser la única consideración para resolver su situación. El suministro de ayuda humanitaria en el Berm debe reanudarse con urgencia y debe permitirse la entrada en Jordania o reubicarse en otros países a quienes están atrapados allí y necesitan protección. Aunque la reanudación de la ayuda de emergencia en el Berm no sea una solución a largo plazo, dejar a la gente  sufrir en el desierto es inaceptable.

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Un bebé sentado mientras su abuela pela berenjenas. Son refugiados sirios atrapados en el desierto, en la frontera con Jordania

REFUGIADOS SOMALÍES EN DADAAB

Dadaab, en Kenia, es el campo de refugiados más grande del mundo, hogar de 350.000 refugiados somalíes. En su origen, hace más de 20 años, fue previsto como un emplazamiento temporal, pero desde entonces no ha parado de crecer y ha sufrido un déficit de financiación crónica. La inseguridad y la violencia también han afectado a los habitantes de los campos.

En noviembre de 2013, se firmó un acuerdo tripartito entre los Gobiernos de Kenia y Somalia y la ACNUR para promover la repatriación voluntaria de los residentes del campo cuando la seguridad en Somalia comenzó a mejorar. Sin embargo, dado que finalmente la seguridad empeoró, pocas personas eligieron volver a ‘casa’. No obstante, tres años después del acuerdo, el Gobierno de Kenia ha comunicado públicamente que incrementará sus esfuerzos para devolver los residentes de Dadaab a Somalia por “razones de seguridad, económicas y medioambientales”.

A pesar de los continuos informes sobre la falta de agua, comida y refugio de los residentes del campo, los participantes de grupos de discusión y las encuestas a los hogares realizadas por MSF en agosto de 2016 indican claramente que la mayoría prefiere quedarse en Dadaab, donde perciben más seguridad y tienen acceso a servicios básicos de salud y educación. Aunque no pueden vivir o moverse libremente dentro de los límites del campo, la mayoría de los habitantes de Dadaab considera que en Somalia es mayor la inestabilidad, la inseguridad y la falta de servicios básicos.

En la Declaración de Nueva York, los Gobiernos declaran que los campos de refugiados deben ser una excepción y no una regla para la gestión de los flujos de refugiados. Mientras tanto se mantiene a cientos de miles de refugiados en el limbo en Dadaab, lo que desde luego no es una solución a largo plazo; obligarles a volver a Somalia resulta inhumano y viola el principio de no devolución que prohíbe retornar a las personas a lugares en los que se encontrarían en peligro.

Mientras resulta evidente que el campo de refugiados no es el lugar idóneo para gestionar de forma prolongada la situación de los refugiados, cerrarlos no debería exponer a las personas a un peligro mayor. MSF se opone firmemente a la intención del Gobierno de Kenia de cerrar Dadaab. Sin otras soluciones viables, el cierre del campo significaría un retorno forzoso de los refugiados a Somalia, lo que tendría consecuencias dramáticas y peligrosas para cientos de miles de personas.

 

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REFUGIADOS Y MIGRANTES EN LIBIA

Desde la puesta en marcha el año pasado de las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, los equipos de MSF han salvado a más de 34.000 personas de morir ahogadas y han asistido a muchas otras. Independientemente de su lugar de origen o sus razones para intentar alcanzar las costas europeas, casi todos los rescatados de estas aguas han pasado por Libia.

Muchos denuncian haber sufrido violencia en Libia, mientras que todas las personas rescatadas afirman haber sido testigos de violencia extrema contra refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, que incluyen palizas, latigazos, violencia sexual y asesinatos. Los equipos médicos de MSF a bordo de los tres barcos de rescate en el Mediterráneo continúan atendiendo y dando testimonio de las consecuencias físicas y psicológicas en hombres, mujeres y cada vez más niños no acompañados (algunos de ellos de solo 10 años). Aunque puede ser difícil identificar traumas mentales en el corto periodo de tiempo que permanecen en los barcos de MSF, la evidencia de violencia psicológica es indiscutible, vinculada a condiciones inhumanas de detención, torturas y otros malos tratos, incluida la violencia sexual.

Los equipos médicos de MSF han visto incontables ejemplos de abusos y brutalidad sufridos en la ruta migratoria a través de Libia. Han visto a un hombre con una herida de machete infectada desde semanas en su antebrazo, una joven con una perforación en el tímpano causada por repetidos golpes en la cabeza, hombres con inflamación grave tras haber sido golpeado en la ingle, un hombre con una fractura en la clavícula y profundas cicatrices a causa de latigazos en su espalda durante su detención y otro con los huesos de las manos destrozados tras ser golpeado repetidamente con un Kalashnikov. Las mujeres denuncian haber sido violadas, forzadas a prostituirse o mantenidas en cautividad como sirvientas domésticas. También se han denunciado embarazos no deseados, fracturas de dientes y quemaduras en las manos.

 

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LA TRAVESÍA DEL MEDITERRÁNEO

En lo que va de año, más de 3.200 personas han muerto tratando de llegar a Europa. La ruta del Mediterráneo central, de Libia a Italia, es casi dos veces más mortal que el año pasado. No parece que haya voluntad política de proporcionar alternativas seguras y legales para esta ruta letal dado que la Unión Europea y las políticas de los Gobiernos europeos continúan reduciendo las rutas de salida más seguras. Esto deja a estas personas sin otra opción que viajar hacinados en barcos.

Mientras que la Declaración de Nueva York propone reforzar los mecanismos de búsqueda y rescate en mar y tierra, hoy, en Europa, las operaciones de control fronterizo no tienen entre sus prioridades los salvamentos aunque los lleven a cabo. Es cierto que las operaciones militares y contra el tráfico de personas facilitadas por los Estados miembro de la UE también rescatan botes de migrantes y refugiados en peligro pero lo hacen por defecto y no por un designio político. Establecer vías legales y seguras es la única manera de acabar con las muertes en el mar. MSF ha solicitado reiteradamente un mecanismo de búsqueda y rescate exclusivo y proactivo para complementar los esfuerzos puestos en marcha por el Gobierno italiano en el Mediterráneo central. Nuestra experiencia ha demostrado que para salvar vidas, las operaciones de rescate deben llevarse a cabo ambiciosa y proactivamente lo más cerca posible de los puntos de salida. Sin embargo, hasta el momento, solo algunas ONG, entre ellas MSF, han reaccionado a este vacío.

 

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RECEPCIÓN Y TRÁNSITO EN ITALIA, GRECIA Y LOS BALCANES

Dos años después del comienzo de la llamada crisis europea de los refugiados, la situación en muchas partes de Europa continúa siendo tan caótica como inhumana. Seis meses después de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, suscrito por los 28 países que integran la UE y que están presentes en Nueva York, el derecho a solicitar asilo dentro de la UE se encuentra peligrosamente restringido, con miles de personas atrapadas en las fronteras a las que se les niega protección, sobreviven en condiciones extremas y con pocas esperanzas de futuro.

Con la aprobación de los estados miembro, y en directa violación del principio de no-devolución, hombres, mujeres y niños – incluidos los más vulnerables – son rechazados en las fronteras de Bulgaria, Serbia y Hungría, sin ninguna evaluación de sus necesidades de protección. Estas personas son devueltas a los ineficientes sistemas de asilo en Turquía, Serbia o Grecia, y forzados a vivir en condiciones inhumanas. 

El progresivo cierre de la ruta de los Balcanes que recorría Macedonia, Bulgaria, Eslovenia, Croacia y Hungría, ha hecho de las redes de tráfico de personas la única opción posible de tránsito dentro de Europa. La militarización de las fronteras de estos países ha dado lugar a un colosal aumento de la violencia. Los datos recogidos por MSF muestran que casi uno de cada tres pacientes que visitan las clínicas de la organización reportan casos de abuso y violencia, incluidos mujeres y niños. La situación se tornó tan grave a finales de agosto que los equipos de MSF en Serbia se vieron obligados a referir a algunos de sus pacientes a hospitales debido a la gravedad de sus heridas. Si bien los traficantes pueden ser responsables de muchas de estas situaciones de violencia, los pacientes mencionan que al menos la mitad han sido perpetradas por autoridades estatales.

A pesar de que la Declaración de Nueva York promete “asegurar un proceso de recepción rápido, centrado en las personas, sensible, humano, digno y atento a las cuestiones de género para todas las personas”, la realidad es que en todos los países, el sistema de recepción está fallando a la hora de proporcionar de forma adecuada el cuidado y los servicios necesarios para aquellos que han huido de sus hogares.

Tras el acuerdo entre la UE y Turquía, más de 13.000 personas permanecen atrapadas en las islas griegas, hacinadas en espacios pensados para albergar a 7.450 personas, y donde se da una grave ausencia de servicios básicos (incluidas atención sanitaria y el acceso al agua), así como una falta de información y de un proceso adecuado (lo que genera altos niveles de tensión). La situación en otras partes de Grecia continental no es mucho mejor; las condiciones en muchos de los campos están por debajo de los estándares internacionales. Se llega al caso de que algunos de los centros de acogida son edificaciones construidas con sustancias nocivas como el amianto. Alrededor de un 25% de los pacientes de MSF en la zona continental de Grecia muestran síntomas de depresión y ansiedad. En Italia, un número cada vez mayor de personas está excluida del sistema formal de recepción y vive en pésimas condiciones en edificios ocupados o campos improvisados, con un acceso limitado a la atención sanitaria y otros servicios básicos.

La Declaración de Nueva York promete que “las necesidades especiales de todas las personas en situación vulnerable serán reconocidas”, pero tanto Grecia como Italia están muy poco equipadas para proporcionar servicios apropiados a grupos vulnerables. Por ejemplo, más del 90 % de los menores que llegan a Italia no están acompañados por un adulto, algunos de ellos solo tienen 10 años. Estos niños no solo han experimentado y han sido testigos de situaciones terribles durante su viaje sino que, una vez en Italia, muchas veces son detenidos o ubicados en centros de recepción cerrados, en vez de ser acogidos en estructuras preparadas específicamente para niños que han sobrevivido a circunstancias traumáticas. La situación no es mejor en Grecia.

Tanto en Grecia como en Italia rara vez se proporcionan servicios de salud mental. Así mismo, ambos países carecen de servicios adaptados para víctimas de tortura o métodos apropiados para identificar a las personas vulnerables. Los sistemas de recepción en Italia, Grecia y los Balcanes también fallan a la hora de atender de manera adecuada a los supervivientes de violencia sexual, a las personas con discapacidad o a aquellos con patologías graves. El equipo de MSF en Serbia, por ejemplo, identificó a una joven mujer afgana que había desarrollado cáncer de mama. Tras una mastectomía en Grecia, no pudo permanecer en el país heleno para completar su tratamiento de radioterapia y quimioterapia por lo que sufrió una recaída en Serbia, donde carecía de atención médica y vivía en condiciones precarias mientras esperaba para cruzar la frontera húngara. Poner a la gente que sufre patologías médicas graves en esta posición infringe tanto el derecho a la atención sanitaria como las promesas que se hacen en la Declaración de Nueva York.

A pesar de las promesas de la Declaración de Nueva York y de los millones de euros invertidos por la UE, las personas que llegan a los países europeos en los que MSF trabaja no encuentran refugio. Muy al contrario, se ven forzadas a soportar más privaciones, detenciones, violencia, condiciones de vida precarias y falta de acceso a servicios básicos. Los países europeos están fallando de forma colectiva a aquellos que han prometido proteger.

 

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HUYENDO DE LA VIOLENCIA EN EL LAGO CHAD

2.6 millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares en el noreste de Nigeria debido a los ataques violentos perpetrados por Boko Haram y las fuerzas militares que lo combaten. La población civil paga el precio de la violencia extrema y se queda con escasos medios y pocas esperanzas para reconstruir sus vidas. Algunos reciben asistencia en los campos de refugiados, mientras que la mayoría vive en condiciones precarias en comunidades de acogida donde los recursos ya son limitados. Algunos han buscado refugio o han sido forzados a trasladarse a lugares donde quedan atrapados y dependen totalmente de la ayuda externa. La alta inseguridad en estas zonas hace que la provisión de ayuda sea muy complicada. El resultado es que las poblaciones quedan en unas condiciones terribles y sus necesidades vitales y sanitarias básicas no son satisfechas. MSF brinda asistencia a los desplazados en numerosas localizaciones de Nigeria, Camerún, Chad y Níger, donde existe una preocupante y elevada prevalencia de epidemias y enfermedades relacionadas con las malas condiciones de vida, incluyendo enfermedades transmitidas por el agua y altas tasas de desnutrición.

La violencia y el desplazamiento agravan una situación ya crítica en una región que sufre pobreza, extrema vulnerabilidad, inseguridad alimentaria, brotes recurrentes y que tiene que hacer frente a todo ello con un sistema de salud casi inexistente. Las personas afectadas por la crisis en curso necesitan urgentemente alimentos, agua potable, refugio, atención sanitaria, protección y educación. Estamos ante una crisis sobre otra crisis.

En la actualidad, la población está varada y carece de la certeza de que volverán a su hogar o recuperarán la capacidad de reconstruir sus vidas en un ambiente donde sus hijos puedan crecer con seguridad y dignidad.

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Desplazados en la zona de Lago Chad por la violencia de Boko Haram y las fuerzas militares que lo combaten. ©Sylvain Cherkaoui/Cosmos for MSF

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SOLICITANTES DE ASILO DE CENTROAMÉRICA EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Se estima que cada año 300.000 personas huyen de la violencia y la pobreza en El Salvador, Honduras y Guatemala (Triángulo Norte de Centroamérica o TNC) y entran en México con la esperanza de llegar a Estados Unidos. La violencia que sufren es similar a la que experimentan los habitantes de zonas de guerra. Asesinatos, secuestros, amenazas, reclutamiento por parte de actores armados no gubernamentales, extorsiones y desapariciones forzosas son parte de la carga diaria que padecen miles de residentes en áreas controladas de facto por bandas y grupos criminales. El 16% de los pacientes del TNC atendidos por los equipos de MSF en México mencionaron ataques directos como la principal razón para dejar su país; el 41% decidió irse después de recibir amenazas individuales.

Las poblaciones de Centroamérica que ingresan clandestinamente en México son expuestas sistemáticamente a episodios de violencia a lo largo de todo el país. El 68% de la población migrante atendida por los equipos de MSF afirmó haber sido víctima de violencia durante su tránsito hacia Estados Unidos. Una de cada tres mujeres fue víctima de abusos sexuales. Las consecuencias de la violencia en la salud mental y la capacidad para pedir y recibir ayuda son abrumadoras: el 47% de las víctimas declaró estar afectado psicológicamente por la violencia a la que fue sometido o de la que fue testigo. Una gran mayoría de los migrantes, un 59 %, afectados por la violencia no buscaron ninguna asistencia durante su tránsito por México a pesar de saber que la necesitaban, fundamentalmente por temor por su seguridad, a ser víctimas de represalias, o por miedo a la deportación. No hay duda que las leyes mexicanas que ofrecen el derecho a atención médica a todo individuo en su territorio – independientemente de su situación administrativa – no son respetadas en la práctica.

El Programa Frontera Sur, puesto en marcha en México con el apoyo financiero de Estados Unidos, expone a víctimas de la violencia en Centroamérica a una violencia adicional y las priva sistemáticamente de los mecanismos de asilo y protección que requiera. A pesar de que existe un marco para la solicitud de refugio para víctimas de bandas organizadas, solo se le ha concedido el estatus de asilo al 0,5% de las personas que huyen de Honduras y El Salvador. En 2015, el Gobierno de México deportó 150.000 personas procedentes El Salvador, Guatemala y Honduras, lo que supuso un incremento del 44% frente al año anterior. La situación de quienes alcanzan Estados Unidos también resulta igualmente preocupante. Las personas arrestadas por las autoridades migratorias que formulan una solicitud de asilo son retenidas en centros de detención a la espera de audiencias de asilo frente a un juez. A muy pocos se les otorga el estatus.

A pesar del legítimo temor por sus vidas, los centroamericanos que huyen de la violencia son deportados sistemáticamente desde México y Estados Unidos a sus países de origen en lo que constituye una violación del principio de no-devolución. La falta de acceso a atención médica, protección y asistencia humanitaria para las poblaciones que huyen de la violencia en Centroamérica debe ser considerada como un fracaso colectivo de los Estados en la región.

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Rosa huyó de El Salvador con dos de sus nietos porque las maras amenazaron con recrutarlos. Otros dos nietos fueron asesinados, y otro fue reclutado por una de estas bandas criminales ©Christina Simons/MSF

ROHINGYAS EN EL SUDESTE ASIÁTICO

Durante años, los rohingyas de Myanmar no han tenido otra opción que recurrir a los traficantes de personas para huir de la persecución. Como minoría sin estado, no tienen otra forma de abandonar el país y aunque las salidas han disminuido a raíz de una dura campaña contra las redes de tráfico, algunos siguen intentándolo. En el estado de Rakhine, la población rohingya es sometida a rígidas restricciones de movimiento que afectan tanto a aquellos que viven en campos de desplazados como a quienes viven en sus propias localidades. Estas condiciones han limitado gravemente durante años su acceso a la atención médica y hoy continúan haciéndolo. Fuera de los campos de desplazados, MSF es una de sus únicas opciones para acceder a la asistencia sanitaria básica.

Muchos rohingyas han huido a Bangladesh, donde en la actualidad viven hasta medio millón de personas de este pueblo, pero la mayoría no tiene un estatus formal de refugiado y vive en una especie de limbo legal. Esto hace que tengan muy difícil el acceso a los servicios de salud o de protección contra la explotación, a la que son extremadamente vulnerables. En los últimos años, muchos rohingyas han huido de Myanmar y Bangladesh a terceros países, especialmente a Malasia pero también a Indonesia y Tailandia. Son numerosos los habitantes de Bangladesh que también han seguido esta ruta y han encontrado en las embarcaciones de traficantes su única opción viable para mejorar su situación.

Cuando llegan a su destino, los solicitantes de asilo roghingyas se enfrentan a enormes dificultades. Dado que estos Estados no son signatarios de la Convención de Refugiados, no tienen modo de obtener el estatus jurídico formal como refugiados lo que, a su vez, afecta a su posibilidad de acceder a la atención médica y de satisfacer otras necesidades, y puede exponerles al riesgo de ser arrestados y encarcelados.