Alertamos sobre niveles récord de ataques contra la asistencia médica en los conflictos armados. Las partes beligerantes, incluidos los Estados, eluden cada vez más su obligación -en virtud del derecho internacional humanitario (DIH)- de proteger las instalaciones, el personal, los pacientes y los vehículos médicos. Publicamos un nuevo informe que recaba información fundamental.
Casi diez años después de la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los Estados deben cumplir el DIH. También deben respetar la vida de los civiles, garantizar la rendición de cuentas y revertir la cultura de impunidad. La resolución condenaba los ataques contra la asistencia médica y pedía el fin de la impunidad,
El informe, titulado «La atención médica en el punto de mira», recoge información de bases de datos internacionales existentes y de nuestra propia experiencia en conflictos armados. En 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la OMS informó de 1.348 ataques contra instalaciones médicas. Estos ataques causaron la muerte de 1.981 personas.
Hubo un aumento significativo de las muertes entre el personal médico y pacientes en zonas de conflicto. Estas cifras se duplicaron con respecto a las 944 registradas en 2024. Sudán fue el país más afectado, con 1.620 personas asesinadas. Luego es seguido por Myanmar con 148, Palestina con 125, Siria con 41 y Ucrania con 19 personas asesinadas.
Ataques a la atención médica: de «error» a «pérdida de protección»
El informe de MSF destaca un preocupante descenso en el respeto del DIH por parte de las partes beligerantes. Esta tendencia es evidente tanto en los datos estadísticos como en las declaraciones realizadas por miembros de los Gobiernos, figuras militares y otras personas involucradas en conflictos armados.
“Las partes beligerantes han cambiado la narrativa de los «ataques por error» a una justificación de que las instalaciones médicas y el personal humanitario han «perdido la protección» que les otorga el DIH. Este cambio refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil”.
Erik Laan, experto en incidencia política de MSF.
En algunos casos, los ataques a la atención médica pueden deberse a interpretaciones erróneas del DIH. También al aprovechamiento de ambigüedades tanto en el derecho convencional como en el consuetudinario. Como consecuencia, la carga de la responsabilidad ha cambiado. En lugar de ser consideradas automáticamente civiles y protegidas, las comunidades y las instalaciones sanitarias deben ahora demostrar que no son objetivos militares.
“A menudo se pasan por alto las obligaciones fundamentales de las partes beligerantes, como la de avisar con antelación antes de un ataque”, explica Laan. “Este descuido impide que los centros médicos respondan a las denuncias de pérdida de protección o evacúen a los pacientes”.
Colombia, país afectado por los ataques a misiones médicas
Si bien el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) no tiene datos de Colombia, la Defensoría del Pueblo del país registró 325 agresiones contra la misión médica de enero a octubre de 2025. Esto incluye agresiones, retenciones ilegales, amenazas, restricciones a la movilidad del personal médico y ataques con explosivos contra infraestructura hospitalaria.
“En nuestro en trabajo en Colombia hemos sido testigos de cómo estos ataques tienen consecuencias directas en el acceso de la población civil a servicios esenciales de salud”, señala Siham Hajaj, coordinadora de MSF en Colombia. “Por ejemplo, en 2025 conocimos casos de hospitales que, luego de ataques a ambulancias, detuvieron durante meses sus actividades extramurales hacia veredas alejadas de cascos urbanos. También, de personal de salud que se desplazó forzadamente de su territorio ante amenazas. Por eso insistimos en que es fundamental que todas las partes en conflicto respeten y protejan la asistencia médica”, dice Hajaj.
Reforzar el respeto del DIH
El 3 de octubre de 2015, sufrimos uno de los ataques más mortíferos contra nuestro personal, pacientes e instalaciones cuando un avión de combate AC-130 de los Estados Unidos bombardeó el centro de traumatología de Kunduz, en Afganistán. El ataque causó la muerte de 42 personas, entre ellas 14 miembros de nuestro personal.
Siete meses después, tras la presión ejercida por el sector humanitario, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2286 sobre la protección de las instalaciones y el personal médicos, en la que se pedía el fin de la impunidad de los responsables y el respeto del DIH. Más de diez años después, la atención médica y la acción humanitaria en los conflictos armados siguen siendo objeto de ataques, posiblemente más que nunca.
“Esta resolución fue un rayo de esperanza, ya que era la primera vez que estas preocupaciones se abordaban en una decisión vinculante. Sin embargo, solo seis de los entonces 15 miembros del Consejo de Seguridad que adoptaron la Resolución 2286 habían ratificado todos los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, que refuerzan la protección de las víctimas de los conflictos armados”.
Erik Laan, experto en incidencia política de MSF.
El rol de los Estados ante el Derecho Internacional Humanitario
Las propias leyes y la legislación de un país, que en última instancia incorporan las obligaciones jurídicas internacionales, desempeñan un papel crucial en este contexto. La legislación nacional, si no se elabora cuidadosamente teniendo debidamente en cuenta el DIH, puede socavar las obligaciones del DIH en la práctica, en particular el derecho a la atención médica para todos, incluidas las personas calificadas como «enemigas» por una parte beligerante.
«Los Estados deben cumplir el derecho internacional, y todas las partes beligerantes deben garantizar mecanismos adecuados para la intervención militar a fin de asegurar la protección de la atención médica, impedir el uso de instalaciones médicas con fines militares e integrar la protección de las misiones médicas en la doctrina militar y la toma de decisiones», afirma Laan. «Los Estados también deben rendir cuentas cuando incumplan dichas leyes. Deben aceptar misiones independientes de investigación, llevar a cabo sus propias investigaciones y compartir los resultados de forma transparente. Estos mecanismos son esenciales para establecer los hechos y contribuir a garantizar la rendición de cuentas y contrarrestar la cultura de impunidad imperante».
Los Estados, responsables de la mayoría de los ataques a la atención médica en 2024
En 2024, los últimos datos disponibles de la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos documentaron 3.623 incidentes dirigidos contra la atención sanitaria, un 15% más que en 2023 y un 62% más que en 2022. En 2024, aproximadamente el 81% de los incidentes de violencia contra la atención sanitaria se atribuyeron a grupos estatales.
“La participación del Estado en los conflictos armados plantea retos específicos para la protección de la atención médica, ya que los grupos estatales son más propensos que los grupos armados no estatales a llevar a cabo ataques aéreos y utilizar explosivos, especialmente en zonas densamente pobladas”, afirma Raquel González, coordinadora de MSF España. “La violencia contra la atención médica y humanitaria provoca el cierre de servicios médicos esenciales y la retirada de las organizaciones humanitarias, lo que corta el acceso a la atención sanitaria a comunidades que a menudo no tienen alternativas. Las personas que viven en zonas de conflicto ya se ven afectadas por la violencia, y la pérdida de la atención médica hace que sus vidas sean aún más insoportables”.
El personal contratado localmente se ve especialmente afectado por estos ataques. Según la Base de Datos sobre Seguridad de los Trabajadores Humanitarios, entre 2021 y 2025, 1.241 miembros del personal contratado localmente fueron asesinados, 1.006 resultaron heridos y 604 fueron secuestrados en todo el mundo. Representan el 98 % del total de trabajadores humanitarios asesinados, el 96 % de los heridos y el 94 % de los secuestrados.
