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22.05.2020

El Salvador: doble impacto del COVID-19 en la población afectada por la violencia y en deportados

"Las emergencias médicas y demás padecimientos no se detienen y los actores de salud debemos asegurar formas de garantizar el acceso a la salud en casos de COVID-19 y también en casos no relacionados”, afirma Stéphane Foulon, nuestro coordinador general en el país.

En El Salvador, las clínicas móviles en áreas afectadas por la violencia continúan con medidas de protección personal, priorización y distanciamiento físico, para garantizar una atención médica segura para los pacientes y equipos médicos.
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Desde Médicos Sin Fronteras evidenciamos que comunidades afectadas por violencia y la población deportada en centros de cuarentena reciben un mayor impacto por la pandemia de COVID-19 en relación al acceso a servicios médicos y condiciones de prevención del contagio.

Las comunidades afectadas por la violencia y estigmatizadas por esta situación tienen un acceso difícil a las rutas de atención en casos de sospechas de contagio del nuevo coronavirus. Además, el acceso a servicios médicos en casos no relacionados con COVID-19, incluyendo las urgencias, es irregular. Esto se debe principalmente al temor y estigma que tienen estas comunidades por la presencia de pandillas y de conflicto entre estas con las fuerzas de seguridad. Debido a la aceptación en algunas comunidades, MSF ha facilitado el acceso de personal de salud para la observación de casos sospechosos del nuevo coronavirus durante esta emergencia en zonas de difícil acceso por el temor del personal de salud a la presencia de pandillas.

Además, la población de algunas zonas donde MSF interviene solicita ayuda en alimentos, por la dificultad de acceder a ellos durante la cuarentena, y carece de acceso regular al servicio de agua, recurso indispensable para la prevención del COVID-19.

Por otro lado, en los centros de deportados habilitados por el gobierno, las personas ahí albergadas reciben atención médica y otros servicios y facilidades de parte del gobierno. No obstante, entre los principales temores de la población deportada se encuentran los motivos de violencia que obligaron a muchos a huir, por lo cual algunos muestran cuadros de depresión y ansiedad. También, luego de terminada su cuarentena de 30 días, la mayoría desconoce su proyección de vida en un país en cuarentena.

A su vez, las condiciones de los centros de deportados son distintas a la de población que ingresa por la frontera terrestre o en vuelos comerciales. Muchas veces, y a diferencia de otras poblaciones en centros de cuarentena, no se garantizan medidas como el distanciamiento físico y medidas individuales de prevención.

El coordinador general de MSF en el país, Stéphane Foulon, afirma que “es entendible y lógico que la principal fuerza de las autoridades de salud y la cooperación se destine a la pandemia, pero este impacto diferenciado es algo que hay que tener en cuenta. 

Las emergencias médicas y demás padecimientos no se detienen y los actores de salud debemos asegurar formas de garantizar el acceso a la salud en casos de COVID-19 y también en casos no relacionados a esto.”

Esta situación deja en desventaja del acceso sanitario en medio de la pandemia a población de zonas históricamente vejadas por violencia, incluyendo emergencias médicas, padecimientos crónicos, planificación familiar, control de embarazadas, salud mental y sospechas y seguimientos de COVID-19. Según información oficial, son unas 190 mil personas en Soyapango y unas 90 mil personas en Ilopango las que viven en zonas catalogadas como “rojas” donde el personal de salud tiene dificultades de acceso.

Desde MSF también sostenemos que las deportaciones desde Estados Unidos y México, sin garantías de salud y de información sobre contagio de la pandemia, deben ser suspendidas. Foulon añade que “las situaciones de violencia y temor que obligan a muchas personas a migrar siguen ahí, hay gente con temor a volver al país y salir de los centros de cuarentena porque las amenazas siguen ahí. Dentro, las condiciones pueden ser mejoradas pero esta población también tiene incertidumbre sobre su vida al salir relacionada a la falta de redes de apoyo en tiempos de la pandemia”.

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El personal de MSF está equipado con equipos de protección personal que permiten garantizar la atención médica evitando la propagación y el contagio del COVID-19.

Nuestra repuesta al COVID-19 en El Salvador

MSF ha trabajado en otras emergencias en el país en el pasado y recientemente facilitando acceso a servicios de salud a población afectada por violencia en Soyapango, Ilopango y San Salvador. En la actualidad, en coordinación con el Ministerio de Salud, MSF ha adaptado sus actividades para colaborar con la población en el contexto de la pandemia.

Continuamos brindando servicios de traslados por emergencias no relacionadas al COVID-19 ampliando nuestro servicio de ambulancias en apoyo al Sistema de Emergencia Médicas (SEM) en Soyapango e Ilopango, añadiendo una ambulancia más y cubriendo otras zonas de Tonacatepeque, Ciudad Delgado y San Martín.

El servicio de atención primaria en brigadas médicas de Soyapango y San Salvador continúa y se ha adaptado cumpliendo medidas estrictas de control de prevención de infecciones y se está evaluando asistencia a distancia en caso de ser necesario. Mediante actividades comunitarias, se ha capacitado a referentes de la comunidad en medidas de prevención y se ha colaborado con el Ministerio de Salud para facilitar el seguimiento de casos sospechosos de COVID-19.

También, brindamos atención psicosocial a personas deportadas recientemente desde Estados Unidos y que se encuentran en centros de contención en El Salvador.